martes, febrero 24, 2009

Decisión atinada en el aeropuerto

Compartir
La buena noticia de hoy es que fue suspendido el contrato de arrendamiento celebrado entre Wisa, S.A. y la Dirección General de Aeronautica Civil, con respecto al manejo de las tiendas de Puerto Libre en La Aurora.

Ese negocio tenía muy mal aspecto y perjudicaba a entidades tan respetables y admiradas como la Sociedad Protectora del Niño y la Asociación de Señoras de la Caridad San Vicente de Paul.

Ojalá que en este caso haya una investigación a fondo.

Digg!

2 comentarios:

Zarek dijo...

La asignación de más de la mitad del espacio de tiendas del aeropuerto a La Riviera (Wisa) fue un cochino acto de corrupción - no hubo una licitación ni dieron oportunidad a otros interesados de adquirir los espacios, ni siquiera a los que ya estaban en el aeropuerto. Desafortunadamente no fue un acto corrupto del gobierno del pende-sidente Colom; y digo desafortunadamente, porque indica que también hubo corrupción en el gobierno de don "conejo" Berger y arroja dudas sobre la gestión de la gente encargada de la construcción de la nueva terminal aérea.

Anónimo dijo...

EDITORIAL PRENSA LIBRE 2-03-09
Despojo de alto impacto social

El criterio, siempre juicioso y sereno, del arzobispo metropolitano, cardenal Rodolfo Quezada Toruño, se convirtió
ayer en la voz de la conciencia de los guatemaltecos honestos, en su censura a la sospechosa necedad del
director de Aeronáutica Civil de entregar la administración del área comercial del Aeropuerto Internacional La
Aurora a una empresa panameña con antecedentes dudosos, en perjuicio de tiendas de tres organizaciones
nacionales de carácter privado, con un largo historial de altruismo y servicio a favor de personas necesitadas.
Como de manera acertada y convincente lo expresó el prelado luego de su homilía dominical, resulta irónico el
concepto de solidaridad que maneja el Gobierno, cuando se define como entregado a la causa de los
desposeídos pero tolera decisiones como la del despojo de espacios de venta en La Aurora, a la Sociedad
Protectora del Niño, la Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl y el Centro de Integración
Familiar, porque no solo van en contra de aquella supuesta mística, sino levantan todo tipo de razonables
sospechas acerca del interés por mantener vigente, contra viento y marea, un negocio del cual no emerge una
razón superior a los fines loables de aquellas tres entidades.
Por fortuna, una resolución del Juzgado Noveno de Primera Instancia del ramo Civil, que suspende aquel
contrato, ha dado un respiro a las tribulaciones financieras de las tres organizaciones, que se hallan ahora en
peligro de cierre.
El Ejecutivo debe exigir el pronto cumplimiento de esa resolución, para corregir la abusiva medida de Aeronáutica
Civil y cortar de tajo el alcance de un asunto de apariencia anómala cuyo verdadero motivo parece ir mucho más
allá del simple propósito de captar fondos para el aeropuerto. Porque hasta ahora solo ha habido silencio y
ausencia de medidas para enmendar este atropello que indigna y exaspera.
Por otra parte, se debe profundizar en las verdaderas razones detrás del generoso contrato de 10 locales para
tiendas libres de impuestos a favor de una empresa que no participó en ninguna licitación para ese propósito.
Jamás debió aceptarse una negociación contraria al espíritu constitucional de que el interés social prevalece
sobre el particular. En consonancia, a los guatemaltecos les importa la protección y subsistencia de los niños y
ancianos pobres, abandonados y desvalidos, y no los fines comerciales y lucrativos de una corporación ajena a
los apremios nacionales.
Por esta misma razón, el Ejecutivo debió declarar lesivo este negocio desde el primer momento en que trascendió
su existencia. Con eso hubiera evitado el desgaste ético que ha representado a su imagen, y la incertidumbre y
desfinanciación ocasionada a las organizaciones sociales situadas en la mira de la voracidad de intereses
extranjeros.
El director de Aeronáutica Civil debe saber que el Gobierno no es una empresa lucrativa y que los beneficios de
una buena gestión se miden en función del bienestar social que generan sus medidas. Pero este contrato niega
aquel principio y deja la sospecha de arreglos inmorales.

LEVANTEMOS LA VOZ Y NO DEJEMOS QUE LA IMPUNIDAD TRIUNFE